La Ciudad Autónoma ha rechazado la petición de una empleada pública para volver a abrir expediente disciplinario al funcionario que, siendo superior suyo en 2021 en el Negociado de Registro, la acosó sexualmente según ha sentenciado la Sala de lo Social del TSJA.
La administración basa su resolución en que los hechos acontecidos durante el segundo semestre de 2021 ya están prescritos. Tres años es el plazo que se prevé para tal circunstancia con las infracciones muy graves en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Además, la Ciudad estima que dicho periodo no puede verse alterado por el fallo conocido, ya que no se trata de una sentencia penal de condena por delito doloso que sí hubiera vuelto a poner el contador a cero.
Igualmente ha recordado que ya se han tramitado dos expedientes disciplinarios sobre los mismos hechos que no fueron recurridos en tiempo y forma y que “han devenido firmes”. En 2022 la Ciudad informó a la Fiscalía, pero sus actuaciones se archivaron al negarse la perjudicada a denunciar por esa vía.
El funcionario ha sido condenado al pago de 100.000 euros a la víctima en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
