La Acusación Particular reclama una indemnización a la familia de la víctima de casi un millón de euros en total; concretamente solicita 100.000 euros para la madre de la víctima por daños y perjuicios, así como 75.000 euros para la hermana; 500.000 euros para la hija por dos delitos: uno por secuelas psicológicas daños y el otro debido a los perjuicios derivados del fallecimiento de su madre, además reclama 220.000 euros para el hijo por los daños y perjuicios causados. La Acusación Particular entiende que esta responsabilidad civil atañe a la Ciudad dado que se trata de un empleado perteneciente a la administración local.
Por su parte, el abogado de la Ciudad sostiene que la Acusación Particular no ha encargado la prueba donde se expongan datos debidamente acreditados de que la ciudad debía haberle retirado el arma y se acoge al acuerdo del Tribunal Supremo sobre responsabilidad civil subsidiaria.
