Según CGT, se han violado los derechos fundamentales a los 722 firmantes de los contratos del Plan de Empleo 2021/2022, debido a que no solo han sido cesados de manera colectiva el 30 de junio, sino que se incurre en "graves incumplimientos del ordenamiento constitucional, de la legalidad laboral vigente y que conlleva directamente el desacato de multitud de sentencias del juzgado de lo social de Ceuta y del TSJA que han condenado a la Subdelegación del Gobierno por los planes de empleo 19/20 y 20/21".
Además, este sindicato afirma que se podría además, plantear demandas individuales reclamando el respeto de sus derechos básicos retributivos y equitativos con los del personal laboral de la administración al realizar las mismas funciones y cometidos. CGT se reitera en su afirmación al considerar que los contratos del Plan de Empleo 2021/2022 contenían múltiples condiciones que consideraban que no se ajustaban a derecho y por ello se interpuso el conflicto colectivo ante el Juzgado de los Social, por no respetar al IV Convenio único para el personal Laboral de la Administración General del Estado, por realizar contratos de obra y servicio determinados (clave 401) , por fijar para distintas categorías profesionales salarios inferiores al SMI y por incluir en su claúsula decimosexta una mención expresa a la exclusión de la aplicación del IV Convenio "fuera del Convenio único para el personal laboral de la AGE".
