El CGPJ ve necesario ampliar el servicio de justicia en Ceuta para gestionar las consecuencias de la crisis

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha tomado este martes conocimiento del informe solicitado el pasado día 5 al Servicio de Inspección sobre la situación actual de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta a la vista de la crisis migratoria ocurrida los días 30 y 31 de julio de 2026 en esta ciudad autónoma.

El mismo advierte de que lo sucedido esos días ha afectado de manera extraordinaria al desarrollo del servicio público de justicia, especialmente a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia y, particularmente, a la prestación del servicio de guardia.

En la semana comprendida entre el 30 de julio y el 5 de agosto se han incoado 96 diligencias previas por fallecimiento, 23 diligencias previas derivadas de personas detenidas y puestas a disposición judicial y 15 diligencias urgentes por hechos acontecidos esos días; mientras que en la semana comprendida entre el 5 y el 11 de agosto se han recibido 72 atestados con detenidos o citados.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla; el presidente del Tribunal de Instancia, la Secretaría de Gobierno de Ceuta y el letrado director del Servicio Común de Tramitación ya adoptaron medidas efectivas para la continuidad del servicio-como la incorporación al servicio de guardia de magistrados y funcionarios de otros órganos de la misma clase y población-, el Servicio de Inspección considera que la prolongación de la situación de crisis migratoria requiere la adopción de medidas de mayor duración y estabilidad, como comisiones de servicio, con o sin relevación de funciones, a favor de magistrados/as, letrados/as de la Administración de Justicia y funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia.

El informe destaca la situación de la plaza del Tribunal de Instancia de Ceuta con competencia en materia de violencia sobre la mujer, debido al incremento de la carga de trabajo recibida como consecuencia de la crisis migratoria, especialmente de asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales, y ante el próximo cese del juez en expectativa de destino que presta servicios de refuerzo. Además del informe del Servicio de Inspección, la Comisión Permanente ha valorado las medidas solicitadas por los/as magistrados/as de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta tras una reunión mantenida el pasado día 14 y que fueron trasladadas de urgencia al CGPJ.

Por todo ello, la Comisión Permanente considera necesario implementar una comisión de servicio de un juez/a o magistrado/a para apoyar al Servicio de Guardia de las plazas de Instrucción de Ceuta, así como otra comisión de servicios específica para la plaza con competencia en materia de Violencia Sobre la Mujer para la tramitación de los delitos de abusos sexual, y lo pone en conocimiento de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y del presidente del Tribunal de Instancia de Ceuta para que formulen la solicitud correspondiente al amparo del artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Además, a la vista de las circunstancias concurrentes y tal y como habían solicitado los jueces de Ceuta y el propio interesado, la Permanente ha acordado diferir el cese del juez en expectativa de destino que se encuentra destinado como apoyo en la plaza con competencia en materia de violencia sobre la mujer.

También ha acordado poner en conocimiento del letrado director del Servicio Común de Tramitación, del secretario de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la necesidad de incrementar con personal experimentado de forma temporal, tanto de funcionarios/as como con un letrado/a de la Administración de Justicia, hasta la superación de la crisis, el número de efectivos necesarios para la tramitación de los procedimiento judiciales.

Tal y como solicitaron los jueces de Ceuta, la petición de refuerzo de funcionarios se concreta en un gestor, dos tramitadores y un auxilio judicial. Igualmente, se ha puesto en conocimiento del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la necesidad de incorporar dos intérpretes y un servicio urgente de tasación pericial para el servicio de guardia.

Por último, el vocal José Antonio Montero-que hasta su designación como miembro del Consejo General del Poder Judicial ejercía su función jurisdiccional en la Sala Tercera del Tribunal Supremo- visitará en los próximos días los órganos judiciales de la ciudad autónoma para evaluar la situación.