Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta se ha opuesto este miércoles "radicalmente" a la "externalización ilegal" por parte de la Dirección Provincial del Imserso de "una parte esencial del servicio de valoración de la discapacidad". "Ante la acumulación de expedientes paralizados con un año y medio de retraso, más de 1.500, y la ineptitud manifiesta del director territorial para solucionar este problema se ha optado", ha lamentado el sindicato, "de manera absolutamente irresponsable e irregular por suscribir contrato menor con una clínica local para efectuar la valoración médica de la discapacidad".
CCOO ha explicado que ha planteado en sucesivas sesiones de la Comisión Ejecutiva del imserso alternativas como "la movilidad geográfica provisional de médicos del con destino en otros centros; la encomienda de gestión a otros médicos del Ingesa y/o la reorganización internos de efectivos disponibles". "No es cierto, por tanto, que no se dispongan de medios públicos para desarrollar este servicio", ha advertido.
Para la central "la disparatada privatización supone una inadmisible renuncia a ejercer la potestad administrativa que es la garantía de calidad, de imparcialidad en el procedimiento, del cumplimiento de la ley de protección de datos y de la ley de incompatibilidades".
A su juicio "se ha elegido la figura del contrato menor por ser la solución más simple y con menos mecanismos de control sin tomar en consideración que no reúne los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. Entre otros motivos, y esto es lo más importante, porque", ha precisado, "tan sólo se resolverán la mitad de los expedientes pendientes, ya que no se podrá utilizar el mismos procedimiento sin incurrir en una prevaricación por fraccionamiento del contrato”.
"Si además, tenemos en cuenta que se pagarán 15.000 euros (es el límite de la contratación menor) por 800 valoraciones de una gran complejidad, es fácil concluir que no pueden ser muy rigurosa: la contratación de informes al peso no puede ser la solución para un servicio público que debe tomar decisiones de enorme repercusión en la vida de muchas familias vulnerables", ha concluido CCOO.
