Los senadores Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam han denunciado la "dejación y grave incompetencia" del INGESA tras analizar la respuesta oficial del Gobierno a sus preguntas sobre la situación de la psiquiatría en Ceuta, con especial incidencia en la atención infanto-juvenil.
Aseguran que, según reconoce el propio Ejecutivo, "la ciudad ha atravesado periodos prolongados sin psiquiatras en activo en el sistema público, una situación que el Ministerio intenta presentar como coyuntural e imprevisible, pese a que ha obligado a externalizar la asistencia durante meses y a recurrir a derivaciones para sostener el servicio".
Para los populares, resulta especialmente "grave" que el Gobierno afirme que la atención psiquiátrica infanto-juvenil “no se ha visto interrumpida en ningún momento, cuando los propios datos oficiales confirman que los menores han sido derivados fuera del circuito público ordinario, con cambios de profesional y ruptura de la continuidad asistencial. Derivar no es garantizar la atención; es reconocer que el servicio público no podía prestarse con medios propios”, han subrayado.
La respuesta del Gobierno admite que al menos 99 expedientes de pacientes infanto-juveniles fueron reprogramados mediante derivación en un periodo concreto, hasta el 13 de octubre de 2025, sin aportar ningún dato posterior ni aclarar cuántos menores han seguido siendo derivados desde entonces. Para Díaz y Abdeselam, "este reconocimiento parcial evidencia una grave falta de transparencia del INGESA, que ofrece cifras cerradas en una fecha determinada pero evita informar sobre la evolución real de un problema que no estaba resuelto".
Precisamente por este motivo, han registrado una nueva pregunta parlamentaria, con el objetivo de conocer cuántos expedientes de menores han seguido siendo derivados desde el 14 de octubre de 2025 hasta la actualidad, cuántos han tenido que salir fuera de Ceuta y cuántos han cambiado de profesional como consecuencia de esta gestión improvisada. “Si el Gobierno solo facilita datos hasta una fecha concreta y guarda silencio sobre lo ocurrido después, es porque no quiere o no puede explicar la dimensión real del problema”, han advertido.
Los senadores consideran también "inaceptable" que el Ejecutivo llegue a sostener que “no es preciso disponer de psiquiatras infanto-juveniles”, minimizando la necesidad de dispositivos específicos para infancia y adolescencia. “Si no eran necesarios, ¿por qué el propio INGESA reconoce que habitualmente se asignan dos psiquiatras a esta atención? Lo que ha quedado demostrado es que, cuando esos profesionales faltaron, no existía ningún plan eficaz de sustitución”, han señalado.
Asimismo, aseguran que "el Gobierno evita concretar fechas, contratos o perfiles de los especialistas anunciados, limitándose a referencias genéricas a la planificación de recursos humanos. No hay compromisos verificables ni garantías de que esta situación no vuelva a repetirse”, han advertido.
Díaz y Abdeselam recuerdan que la sanidad en Ceuta es competencia directa del Estado, por lo que "no cabe trasladar responsabilidades ni refugiarse en conceptos como el SNS en red para justificar la dependencia de conciertos, derivaciones o apoyos externos de otras comunidades. Eso no es coordinación sanitaria: es la prueba de que el INGESA no ha sabido planificar ni proteger un servicio esencial”, han afirmado.
Desde el Partido Popular exigen al Gobierno de España que "asuma su responsabilidad, abandone el maquillaje político y adopte medidas estructurales reales para dotar a Ceuta de un dispositivo público estable de psiquiatría infanto-juvenil, con profesionales suficientes, presencia efectiva en la ciudad y garantías de continuidad asistencial para los menores".
