El Partido Popular de Ceuta ha denunciado la "grave situación" que a su juicio atraviesa la gestión de la discapacidad en la ciudad después de que el propio Gobierno haya reconocido, en respuesta a una batería de preguntas formuladas por los senadores Cristina Díaz Moreno y Abdelhakim Abdeselam, que "2.218 expedientes de valoración de discapacidad permanecen pendientes de resolución".
La respuesta oficial confirma además que 1.751 de esos expedientes llevan más de seis meses de espera, incumpliendo el plazo máximo legal establecido por el Real Decreto 888/2022. Esto supone que casi ocho de cada diez expedientes pendientes se encuentran fuera del plazo legal, mientras que el propio Ejecutivo admite que el tiempo medio de espera se sitúa actualmente entre un año y medio y dos años.
Para el Partido Popular, estos datos "confirman el colapso del sistema de valoración de la discapacidad en Ceuta y evidencian que cientos de familias llevan años esperando el reconocimiento de un derecho del que dependen prestaciones, ayudas y recursos esenciales".
Además, el PP ha lamentado que "el Gobierno evita responder de forma completa a varias de las cuestiones planteadas: no informa de cuántas personas llevan esperando más de un año o más de dieciocho meses, tampoco facilita el número de menores pendientes de valoración ni cuantifica cuántos ciudadanos han visto retrasado el acceso a prestaciones, ayudas o beneficios por no disponer a tiempo del reconocimiento de su grado de discapacidad".
En cuanto a la dependencia, el Gobierno reconoce que "todavía existen expedientes pendientes de valoración y revisión", una situación que el Partido Popular considera igualmente "inaceptable". Al tratarse de una competencia gestionada directamente por el Imserso en Ceuta, corresponde exclusivamente al Gobierno de España garantizar que los ciudadanos reciban una atención ágil y dentro de los plazos legalmente establecidos.
"Anuncios sin resultados"
La respuesta del Ejecutivo vuelve a apoyarse en una larga lista de anuncios: una futura convocatoria de una plaza de médico, posibles contrataciones, reorganizaciones internas y formación del personal. Sin embargo, no fija una sola fecha para acabar con la lista de espera, no establece objetivos de reducción de expedientes ni garantiza cuándo volverá a cumplirse el plazo legal.
Para el Partido Popular, esta forma de actuar se ha convertido "en la seña de identidad del Gobierno socialista en Ceuta: anuncios sin resultados". Ha ocurrido con la sanidad, con la educación, con la frontera, con las infraestructuras y ahora vuelve a repetirse con la discapacidad. Mientras el Ejecutivo anuncia actuaciones futuras, los ceutíes siguen esperando hasta dos años para que se les reconozca un derecho básico.
La senadora Cristina Díaz ha afirmado que “el propio Gobierno reconoce por escrito que miles de ceutíes esperan durante años el reconocimiento de un derecho básico. Detrás de cada expediente hay una persona y una familia que no puede acceder a prestaciones, apoyos o recursos esenciales porque la Administración no cumple los plazos que ella misma establece. Los ceutíes exigimos soluciones. El Gobierno lleva años prometiendo mejoras que nunca terminan de llegar y esta respuesta vuelve a demostrarlo. Reconocen que existe un colapso, pero son incapaces de decir cuándo dejará de existir. Esa es la diferencia entre anunciar y gestionar. Mientras ellos anuncian, los ciudadanos siguen esperando”.
Igualmente ha recordado que “Ceuta depende directamente del IMSERSO, por lo que el Gobierno no puede trasladar responsabilidades a otras administraciones. La gestión es exclusivamente suya y también lo es la obligación de garantizar que ningún ciudadano tenga que esperar hasta dos años para que se le reconozca un derecho que le corresponde por ley”.
El Partido Popular ha avanzado que continuará impulsando iniciativas parlamentarias "para exigir al Gobierno una respuesta inmediata que permita normalizar el funcionamiento del Centro Base de Discapacidad, reforzar los equipos de valoración y garantizar que los ciudadanos de Ceuta reciban la atención que merecen, poniendo fin a una situación que el propio Ejecutivo ha reconocido oficialmente".
