Una Proposición No de Ley registrada en el Congreso de los Diputados que incluye también los delitos contra el orden constitucional, los ataques a la integridad del Estado o los cometidos contra menores. Afirman además que también la tramitación de indulto debe de reforzarse ante personas que ocupen o hayan ocupado un puesto con responsabilidad pública, en este caso, mediante una autorización de por una mayoría cualificada de dos tercios del Congreso de los Diputados.
Afirman los populares que esta concesión corresponde al Estado, y que por tal razón, el Gobierno "debería de tomar la iniciativa como Proyecto de Ley". Consideran que de esta manera, en fase de anteproyecto, se contaría con el criterio de Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal entre otros.
Por todo lo citado, instan así a que se refuerce la participación del Congreso cuando a la persona que se le pretenda indultar, hay actuado ocupado un puesto de responsabilidad política.
