CSIF Ceuta ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con la Delegación del Gobierno para "abordar la situación y las necesidades estructurales que atraviesan los servicios periféricos del Estado en la ciudad", ámbito en el que han puesto de manifiesto "la necesidad de dimensionar las plantillas y mejorar las condiciones laborales de los empleados para garantizar que la ciudadanía reciba una atención pública de calidad".
La central ha valorado "la predisposición al diálogo mostrada por la Delegación y la voluntad política mostrada en un clima de cordialidad que espera se traduzca en inversiones tangibles, con RPT actualizadas y ofertas de empleo público dimensionadas a la verdadera carga de trabajo de Ceuta que permitan seguir avanzando".
En primer lugar el sindicato ha reclamado "una actualización de la indemnización por residencia de Ceuta, que lleva congelada desde el año 2007 pese a que el coste de la vida se ha incrementado de forma significativa". "La realidad socioeconómica de la ciudad hace necesaria una revisión al alza inmediata que la convierta en un destino atractivo para los servidores públicos, algo que finalmente redunda en una calidad del servicio prestado a la ciudadanía", ha argumentado.
"Ceuta no puede quedar olvidada y, desde CSIF requerimos que se cumplan los acuerdos y compromisos adoptados: negociaremos la actualización para todas las administraciones y territorios afectados porque es urgente fortalecer las medidas compensatorias y económicas que frenen la fuga de talento y sirvan de incentivo para atraer y retener a los empleados públicos en un territorio con las singularidades geográficas y económicas de Ceuta", ha explicado.
"Prevención de riesgos real, no un trámite burocrático"
En la reunión también se ha resaltado "la necesidad de mejorar los protocolos de prevención de riesgos frente a factores como las altas temperaturas en el exterior y dignificar las condiciones sociolaborales del personal funcionario y laboral del Estado". CSIF ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto para reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y que la central sindical antes de la conclusión del plazo reglamentario trasladó al Ministerio de Trabajo y Economía Social un ambicioso y amplio paquete de propuestas.
"Tras más de 30 años de vigencia desde nuestra organización sindical denunciamos que la ley ha quedado desfasada y que, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras: la prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores", ha resumido.
Sanidad penitenciaria
Otro de los puntos puestos sobre la mesa ha sido la crítica situación de la sanidad penitenciaria: la prisión de Ceuta, "que hasta la fecha ha logrado contener la situación gracias a una eficaz gestión local, no es una excepción" en lo que a la necesidad de más efectivos se refiere. "En un futuro próximo se puede encontrar en una situación alarmante fruto de las jubilaciones, los traslados etcétera, no son suficientes las soluciones temporales como la telemedicina o los convenios, porque sencillamente no solventan el problema", ha advertido CSIF
Según su diagnóstico "hay falta de personal por la desigualdad salarial y de condiciones laborales respecto a los Sistemas Nacionales de Salud, lo que acaba sobrecargando de forma insostenible al personal de Enfermería. Ante emergencias médicas en el interior de las prisiones (sobredosis, agresiones, autolesiones, etc) es imprescindible una atención presencial urgente, algo imposible de resolver mediante la telemedicina que además presenta claras limitaciones diagnósticas".
Para el sindicato, la única solución es "materializar de inmediato las transferencias previstas en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que en su disposición adicional primera establece 'las referencias que en esta ley se realizan a las CC.AA. se entenderán hechas al Estado en relación con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”. CSIF "no comprende" cómo el Estado no lidera este traspaso de competencias precisamente en los territorios donde la sanidad ya depende del propio Gobierno central, por lo que ha solicitado el impulso político y firme de la Delegación del Gobierno para desbloquear la situación.
