CGT Andalucía, Ceuta y Melilla considera que el Decreto sobre estabilización sobre los interinos no supone el fin del abuso de la temporalidad, ni alcanza cubrir las contrataciones por necesidades estructurales de las administraciones. Este sindicato afirma que a largo plazo dará lugar a nuevas bolsas de temporalidad debido a la inexistencia de sanciones a los políticos responsables de los abusos, además de que solventarán las citadas sanciones con fondos públicos.
CGT lamenta la incertidumbre que a largo plazo ocasionará la convalidación del Decreto denominado "Icetazo" y su tramitación como Proyecto de Ley, a pesar de las declaraciones de intenciones por parte tanto del Ejecutivo Central, como las fuerzas políticas que lo han apoyado. Para CGT este Proyecto de Ley debe de estar en consonancia con las exigencias europeas y las sentencias del TJUE si procede sancionar el abuso de la temporalidad de forma proporcional, disuasoria y eficaz.
Para esta central sindical, la medida de que los interinos que lleven 10 años podrían acceder a la administración a través de un proceso selectivo mediante concurso y sin fase de oposición, supone una discriminación, exaltando que ya el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre este asunto y en referencia a que ya es abuso sobrepasar los tres años en situación de temporalidad sin convocatoria de oposición. Además, considera que tampoco estaría en consonancia que la fase de oposición no fuera eliminatoria. También, asume este sindicato que la propuesta de sanción económica se relacione con la participación en un proceso selectivo está en disonancia con las resoluciones judiciales del TJUE que afirma que la sanción no deben de ser los procesos selectivos de libre concurrencia cuya ausencia provocó el abuso.
Para CGT la sanción ha de recaer en las administraciones y no en los empleados públicos, de tal forma que no se compita en procesos selectivos personas víctimas de abuso de la temporalidad y aquellos que desean acceder a la administración por primera vez.
Para la central sindical, se están plasmando una serie de injusticias que se han de resarcir y evitar aún más la precariedad a la que se enfrentan los empleados públicos. Por ello, anuncian movilizaciones en defensa del colectivo de interinos indefinidos no fijos y en alza de sus derechos, apuntando a las fuerzas políticas responsables de tales decisiones.
