A causa de la acusada brecha que existe entre el derecho declarado (plano legal) y el Derecho aplicado (plano práctico). Entre todos tenemos que garantizar la eliminación de barreras físicas sensoriales y sociales que sufren las personas con discapacidad para acceder a todos los bienes y servicios disponibles en nuestra ciudad (ayudas económicas, vivienda, formación, empleo, ocio…)
Las políticas públicas de discapacidad deben crearse conjuntamente a partir de una alianza vigorosa y sostenida en el tiempo con el sector social, que ha de ser elaborado con la participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en todos los procesos de desarrollo, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación que afecten a nuestro colectivo, atendiendo así al principio de diálogo civil y cogobernanza.
Es imprescindible, por tanto, establecer un calendario de reuniones periódicas de la Comisión de Accesibilidad.
