El PSOE exige a Chandiramani "medidas reales y no buenas palabras" tras el último informe del TCu
El PSOE de Ceuta ha exigido este jueves a la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, "mucho más que declaraciones de buena voluntad” ante las conclusiones del informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma del Tribunal de Cuentas (TCu) sobre el ejercicio 2023.
La secretaria de Política Autonómica socialista, Raquel Miaja, ha tildado de "especialmente llamativo" que la consejera se mostrase dispuesta a escuchar y atender las recomendaciones del órgano fiscalizador "precisamente el mismo día en que presentaba ante los medios dos nuevos expedientes de modificación de crédito del presupuesto vigente".
“Decimos llamativo porque una de las conclusiones del propio informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2023 es, literalmente, el uso recurrente de modificaciones presupuestarias sin cobertura financiera suficiente. Es decir: mientras la consejera decía estar abierta a mejorar, el Gobierno seguía haciendo exactamente aquello que el Tribunal le recomienda dejar de hacer”, ha destacado Miaja en un comunicado.
A su juicio lo más "revelador" es que Chandiramani "ha querido presentar como un logro que los informes de fiscalización hayan pasado de un volumen de recomendaciones que ella misma ha calificado de ‘casi enciclopédico’ a solo tres".
“Desde el PSOE de Ceuta corregimos las cuentas de la consejera ya que no son tres sino cinco las principales recomendaciones del TCu y, además, discrepamos radicalmente de esa lectura: que un Gobierno necesite 25 años, y decenas de recomendaciones repetidas año tras año, para reducir su lista de deberes pendientes, no es un éxito de gestión. Es la confirmación", han resumido desde Daoiz, "de que este Ejecutivo lleva un cuarto de siglo haciendo las cosas rematadamente mal, y que apenas ahora, tras dos décadas y media de advertencias, empieza a corregir lo más superficial”.
“Y decimos lo más superficial”, han añadido, “porque las tres recomendaciones que la consejera minimiza como una simple diferencia de criterios contables entre el Tribunal y los funcionarios de la Ciudad esconden, en realidad, cuestiones estructurales como la imposibilidad de verificar la realidad y valoración del inmovilizado del balance, que afecta a 1.080 millones de euros de activo y 640 millones de patrimonio neto; la ausencia de un Plan Anual de Control Financiero; y una Intervención General que sigue desempeñándose de forma accidental desde el año 2000, con la plaza declarada desierta en su última convocatoria y sin que se haya vuelto a convocar”, señalan los socialistas, resaltando que Chandiramani "pasa por alto y ni tan siquiera menciona una de las principales críticas que, año tras año, hace el TCu al Gobierno de Vivas".
“Los socialistas no pedimos declaraciones de buena voluntad, pedimos medidas concretas: la aprobación inmediata de un Plan Anual de Control Financiero real, la depuración y actualización efectiva del inventario de bienes de la Ciudad —no solo el anuncio de una aplicación informática en desarrollo—, el fin del uso recurrente de modificaciones de crédito sin cobertura financiera suficiente, y la provisión definitiva, de una vez por todas, de la plaza de Intervención General”.
El PSOE ha recordado, además, que de las 17 recomendaciones formuladas en el informe anterior, 10 siguen en curso de cumplimiento y 6 permanecen pendientes de atención. “O lo que es lo mismo: el patrón de anuncios sin ejecución real se repite. Mucha declaración de buena voluntad pero pocas medidas concretas”, ha terminado.