El Gobierno de la Ciudad ha asegurado este martes que "todas las contrataciones menores" realizadas por el área de Fiestas con motivo de la programación de Navidad y Carnaval "se han llevado a cabo con absoluto respeto a la legalidad vigente y cuentan con los preceptivos informes jurídicos, que avalan tanto el procedimiento seguido como su plena adecuación a la normativa de contratación pública".
Esa ha sido su respuesta a la nota de prensa en la que el PSOE ha denunciado "irregularidades graves y reiteradas". “No estamos ante errores aislados ni ante simples deficiencias administrativas. Estamos ante un patrón deliberado que se ha repetido durante tres años, un reguero de irregularidades que ha costado a las arcas públicas más de un millón de euros”, ha señalado el secretario de Organización y portavoz socialista, Antonio Coronil.
El Ejecutivo local ha remarcado, sin embargo, que "el contrato menor es un procedimiento expresamente previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y constituye un instrumento plenamente legal para atender necesidades concretas cuando concurren los requisitos establecidos por la norma" y que "todos y cada uno de los expedientes tramitados por esta Consejería cumplen escrupulosamente dichos requisitos", por lo que "resulta rotundamente falso presentar estas contrataciones como un supuesto abuso de la figura del contrato menor o afirmar la existencia de falta de transparencia".
Tres empresas "con mismo domicilio y administradores"
"Todos los expedientes han sido tramitados conforme a derecho, con los controles administrativos preceptivos y con plena fiscalización por parte de los servicios competentes", ha insistido el Gobierno de la Ciudad frente a las acusaciones del PSOE, que ha alertado de que "la inmensa mayoría de los contratos de Festejos desde 2023 —unos 40 expedientes, solo entre los que el Gobierno ha facilitado— se han repartido siempre entre las mismas tres empresas: Rosado Center, Utre MultiGestión y Verdazul Sostenible".
Los socialistas han explicado que "las tres comparten domicilio en la misma calle de Utrera y sus administradores rotan entre sí, al igual que rotan los contratos que se adjudican". "A ellas se une una cuarta, con diferente sede social, en este caso en Sevilla, pero con los mismos responsables", y para el PSOE "esto apunta a una simulación de competencia entre empresas del mismo grupo, circunstancia que la normativa de contratos del sector público contempla como causa de nulidad".
Además, desde Daoiz han apuntado a un presunto "fraccionamiento indebido de contratos" y a "incoherencias documentales significativas" cuyo "hilo conductor" sería "el asesor de Festejos, Eduardo Ayala, personal eventual de designación directa sin competencias formales en materia de contratación, que sin embargo habría actuado de facto como órgano contratante: programando, decidiendo y recibiendo facturas a su propio nombre"
El PSOE cifra en más de un millón de euros el volumen de contratación de Festejos gestionado "al margen de la licitación pública en los últimos tres años, de los cuales cerca de medio millón habría ido a parar a estas tres empresas". “Si en el plazo más breve posible no se anuncia el cese del señor Ayala junto con la apertura de una investigación y la depuración de responsabilidades, daremos por hecho que existe connivencia por parte del Gobierno”, ha advertido el PSOE.
"Legales, transparentes y ajustados a los principios"
La Consejería ha rebatido que "se trata de procedimientos legales, transparentes y ajustados a los principios de la contratación pública. Cada contrato responde a una necesidad concreta de la programación festiva y ha seguido el procedimiento administrativo legalmente establecido".
También que "los contratos aludidos expresamente tienen además la especificidad de que se trata de contrataciones artísticas y con cláusula de exclusividad, para los que la propia Ley de Contratos del Sector Público contempla un régimen específico".
La Consejería ha lamentado que el PSOE trate de "sembrar dudas sobre procedimientos administrativos plenamente ajustados a la legalidad con el único propósito de generar una polémica artificial e inexistente, obviando que la programación de Navidad y Carnaval se desarrolla con criterios de interés general, ofreciendo una oferta cultural y festiva de calidad para la ciudadanía, diversa e innovadora cada año".
