El PP reprocha al PSOE que cuestione la viabilidad de sufragar las bonificaciones al transporte del 75%
El Grupo Parlamentario Popular ha denunciado este miércoles en el Senado que el Grupo Socialista se niega a garantizar el pago de las bonificaciones al transporte aéreo y marítimo que benefician a más de cuatro millones de españoles en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Sus diferencias rozan los 900 millones de euros.
El PP, que tiene mayoría en la Cámara alta, ha logrado introducir un crédito de 1.200 millones de euros en el presupuesto del Ministerio de Transportes "para la atención de obligaciones de los años 2024 y 2025 de la subvención al tráfico aéreo regular", pero el Congreso solo dio luz verde a 319. Los socialistas creen que es "un disparate económico".
Este debate se ha producido en el marco de la tramitación de la reforma de la Ley de Navegación Aérea y de la Ley de Seguridad Aérea, dos normas esenciales para la movilidad en España que el Gobierno ha presentado según el PP "tarde e incompletas, sin resolver problemas de fondo como la ciberseguridad, la transición energética, el rigor financiero ni la necesaria participación de los territorios en la planificación aeroportuaria".
El Partido Popular ha recordado que el descuento del 75% "no es un privilegio, sino un derecho reconocido por la Constitución, en su artículo 138, que obliga al Estado a atender las particularidades de la insularidad y la extrapeninsularidad". "A pesar de ello", ha lamentado, "el PSOE ha llegado incluso a cuestionar 'de dónde va a salir el dinero' para mantener este sistema, olvidando que la obligación del Gobierno no es buscar excusas, sino garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos".
El Partido Popular dice que "si el PSOE pregunta de dónde puede salir el dinero, nosotros le damos ideas, recordando que hay margen de sobra en partidas superfluas como el gasto en altos cargos y asesores, los excesos de publicidad institucional, los desplazamientos en Falcon, las vacaciones de lujo o incluso en los fondos que se han perdido en casos de corrupción como el del exministro Ábalos o las mordidas de Cerdán y su entorno".
Durante el debate, la senadora Cristina Díaz ha defendido un paquete de enmiendas que a su juicio "refuerzan la ciberseguridad de las infraestructuras aeroportuarias, garantizan la planificación y financiación de la descarbonización del transporte aéreo, promueven incentivos fiscales para facilitar la transición energética y aseguran el crédito extraordinario de 1.200 millones de euros que permita saldar la deuda acumulada de 2024 y cubrir de manera real el gasto previsto en 2025".
Igualmente, el PP ha planteado la necesidad de que AENA "consulte de manera efectiva a Comunidades y Ciudades Autónomas, así como a Cabildos y Consells, en la elaboración del Documento de Regulación Aeroportuaria, porque las decisiones estratégicas no pueden tomarse nunca a espaldas de los territorios".
"La obligación del Gobierno es garantizar con rigor las bonificaciones, proteger la seguridad digital, impulsar la transición energética y dar voz a los territorios en la planificación aeroportuaria. Gobernar no es improvisar, es prever, cumplir y dar certezas, y el PP seguirá trabajando para que así sea", ha resumido.