"MILES" DE PERJUDICADOS

El PP intenta desbloquear desde el Senado la ley para recuperar las bonificaciones a la Seguridad Social

Los senadores ceutíes, durante una Comisión en el Senado.
- El Partido Popular activa el mecanismo constitucional del conflicto de atribuciones para exigir que el Congreso respete la función legislativa reconocida a la Cámara alta

El Partido Popular ha decidido dar "un paso institucional sin precedentes" para romper el "bloqueo sistemático" que la Mesa del Congreso mantiene sobre las leyes remitidas por el Senado, entre ellas la Proposición de Ley que busca restituir con plenas garantías las bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social, "fundamental para la competitividad empresarial y el empleo en ambas ciudades autónomas".

Para lograrlo el Senado ha activado el mecanismo constitucional del conflicto de atribuciones con el propósito de "exigir que el Congreso deje de frenar estas iniciativas y respete la función legislativa que la Constitución reconoce a la Cámara alta".

La ley de las bonificaciones, "como otras 35 iniciativas aprobadas por el Senado", lleva "más de sesenta ampliaciones de plazo de enmiendas, una maniobra que impide su tramitación real y que paraliza reformas urgentes para nuestros territorios", según ha lamentado el PP en un comunicado.

"El Gobierno y la Mesa del Congreso están bloqueando de forma arbitraria una ley vital para Ceuta y Melilla, perjudicando a miles de trabajadores y empresas", ha denunciado.

El conflicto de atribuciones sirve para indicar al Tribunal Constitucional que existe un desacuerdo entre el Gobierno, las Cortes, las comunidades autónomas, o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se prevé un plazo de un mes para que el organismo que entiende que otro se ha entrometido en sus competencias lo haga saber pidiendo que se revoque su actuación. Si pasado ese tiempo el órgano supuestamente infractor no da marcha atrás, se eleva un escrito al Tribunal Constitucional durante el mes siguiente. 

El Constitucional se encarga de recabar la información que considere necesaria para sentenciar qué organismo tiene la atribución de las competencias y declarar, en su caso, nulas las actuaciones.