Para el Partido Popular de Ceuta, esta respuesta confirma una vez más el "desinterés" del Gobierno de España por una cuestión estratégica para la ciudad como es su conectividad marítima. "Mientras Ceuta sigue esperando soluciones reales, el Ejecutivo socialista continúa instalado en la inacción, retrasando decisiones que afectan de forma directa a la movilidad de los ciudadanos, a la actividad económica y a la competitividad de la ciudad", denuncia.
Al PP le resulta especialmente llamativo que, apenas una semana después de que el delegado del Gobierno anunciara un estudio para justificar una línea marítima de interés público entre Ceuta y Málaga, el propio Ministerio que dirige Óscar Puente admita que ni siquiera ha sido capaz de sacar adelante el nuevo contrato de gestión de la línea marítima con Algeciras, que es la conexión esencial y consolidada de Ceuta con la península.
El 1 de julio de 2025 finalizó la prórroga del contrato que tenía adjudicada la naviera Baleària sin que la Dirección General de la Marina Mercante hubiera iniciado la tramitación de un nuevo contrato. No fue hasta el 12 de agosto de 2025 cuando se publicó una nueva licitación en el Portal de Contratación del Sector Público, pero esa licitación tuvo que retirarse el 16 de septiembre por un defecto en el pliego, al no contemplar un descuento de tarifas para los viajeros del segmento joven de población.
El PP de Ceuta recuerda además que el 13 de junio de 2024 se aprobó en la Comisión Mixta de Insularidad una Proposición No de Ley para mejorar la conectividad de la Ciudad Autónoma de Ceuta con el territorio peninsular. En ese debate, el diputado ceutí Javier Celaya ya defendió la necesidad de abaratar los precios de las navieras para favorecer el turismo peninsular y mejorar el acceso a la ciudad.
En esa misma dirección, el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de la Ciudad de Ceuta de 2022 ya contemplaba la constitución de un grupo de trabajo con la Ciudad Autónoma para impulsar un nuevo modelo de ayudas al transporte para residentes y no residentes, así como el compromiso de promover una regulación especial sobre conectividad que permitiera una mayor intervención en el mercado para garantizar un servicio adecuado a los territorios extrapeninsulares.
Sin embargo, cuatro años después, aseguran que "la realidad es que no se ha avanzado en esa dirección. Lejos de mejorar el modelo existente, el Gobierno de España ha dejado caducar el contrato en vigor sin haber sido capaz de sustituirlo por otro mejorado. Esa es la realidad que hoy reconoce por escrito la propia Administración del Estado".
"A ello se suma que el pliego de la licitación anulada en septiembre del pasado año incluía precios superiores para pasajeros y vehículos respecto al contrato de 2023, pese a elevar el presupuesto base de licitación de 1.269.000 euros a 2.209.000 euros anuales. Es decir, más gasto público y peores condiciones, una fórmula que retrata perfectamente la falta de planificación y de rigor con la que el Gobierno socialista aborda un asunto esencial para Ceuta", señalan los populares.
Apunta el PP que "la Dirección General de la Marina Mercante trata ahora de justificarse alegando, en su respuesta al diputado Javier Celaya, que se está realizando un análisis por recomendación del Tribunal de Cuentas para determinar cuál es la opción más conveniente: establecer nuevas obligaciones de servicio público o modificar las existentes, suscribir contratos de servicio público o dejar el transporte marítimo de pasajeros sin intervención de ningún tipo".
Para el Partido Popular de Ceuta, "lo grave es que, mientras el Gobierno sigue analizando, estudiando y aplazando decisiones, Ceuta continúa sin una respuesta seria, sin una planificación clara y sin la seguridad de contar con un modelo estable de conectividad marítima. El Ejecutivo central vuelve a demostrar que, cuando se trata de Ceuta, siempre llega tarde, siempre improvisa y nunca cumple".
