El Pleno de la Asamblea debatirá este jueves la revisión del Plan de Vivienda 2025-2028 de la Ciudad para apostar por la promoción pública directa y el sistema constructivo industrializado con el propósito de entregar en dos años 425 casas en alquiler por entre 360 y 600 euros al mes. También discutirá el marco general con el que la administración autonómica quiere ordenar la gestión de las 945 VPO que prevé levantar en un cuatrienio.
En la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de Actuaciones de Protección Pública en materia de vivienda de la Ciudad se propondrá establecer entre 3.300 y 300 euros al mes los ingresos máximos y mínimos de las unidades familiares adjudicatarias.
La Ciudad prevé levantar 325 viviendas de Régimen General cuya renta costará 600 euros mensuales en Pozo Rayo (123), Huerta Téllez (160) y Monte Hacho (42). Para optar a ellas no se podrán ganar más de 5,5 veces el IPREM (600 euros al mes, 3.300) ni menos de 3 (1.800).
Las de Régimen Especial (190) de Santiago Apóstol (90), Plaza Nicaragua (71) y Huerta Téllez (29) exigirán rentas de entre 2,9 y 1,6 veces el IPREM, es decir, de entre 1.750 y 960 euros mensuales. Su alquiler no superará los 360 euros.
Para terminar, las Viviendas Sociales de Loma Colmenar (430, 200 de promoción directa de la Ciudad y 230 a cargo de SEPES), cuya renta no excederá los 160 euros, tendrán como límite máximo de ingresos ponderados 900 euros y como mínimo los 300, pero se contempla rebajar el alquiler hasta el 30% de los ingresos familiares e incluso la cesión u "otras formas de tenencia temporal que pudieran acordarse".
Al margen de esos topes económicos, los destinatarios, con excepciones, tendrán que ser residentes (con la antigüedad que se fije en cada caso), estar inscritos en el Registro de Demandantes que está en plena actualización (con salvedades como realojos, riesgo de exclusión urgente...) y no ser “titulares del pleno dominio de una vivienda o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho de usufructo”.
El texto normativo prevé que se podrá dar preferencia a colectivos como jóvenes, mayores, personas con discapacidad, familias monoparentales, emigrantes retornados... Los contratos tendrán una duración inicial de cinco años y en cada prórroga anual hasta diez se verificará que se cumplan los requisitos.
Las viviendas podrán ser objeto de contrato de alquiler con opción a compra desde los 10 años, algo que se deberá recoger en la calificación provisional y definitiva. Tendrán la opción de postularse quienes cumplan los requisitos (con un margen del 25% al alza en los ingresos) y hayan estado al menos cinco en casas que lleven en régimen de arrendamiento al menos 10. Del precio máximo que se establezca se deducirá al menos el 30% por los alquileres abonados.
