El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos anteproyectos impulsados por el Ministerio del Interior que suponen la elaboración de una ley de asilo de nuevo cuño y una amplia reforma de la de Extranjería. El objetivo común de ambas iniciativas es "adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA)" aprobado en 2024, que fija las normas de acogida de los solicitantes de protección internacional y que debe ser traspuesta a las legislaciones nacionales.
Para adaptar el ordenamiento jurídico español a la nueva normativa europea, Interior ha descartado una modificación parcial de la Ley de Asilo, que considera "obsoleta". Como principio general, el anteproyecto de nueva ley de asilo está elaborado con un enfoque "garantista y de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, perspectiva que, a su vez, se conjuga con la necesaria gestión de las fronteras para garantizar la seguridad del país".
Su principal objetivo es articular un sistema más ágil y eficaz para responder mejor al aumento de solicitudes (ha pasado de 3.000 solicitudes en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025) sin reducir las garantías de las personas solicitantes y beneficiarias. El texto presta especial atención a las personas vulnerables, a los menores y a la unidad familiar.
El anteproyecto incrementa las garantías para las personas solicitantes y mejora el abordaje de situaciones de vulnerabilidad mediante la evaluación individual sobre la necesidad de aplicar garantías especiales en el procedimiento y en las condiciones de acogida. También introduce de un nuevo procedimiento acelerado que ha de estar resuelto en tres meses.
Además, incorpora el procedimiento de frontera, de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de doce semanas, durante el cual el solicitante deberá permanecer en instalaciones policiales a disposición de las autoridades, cautela que se aplica antes de que se autorice la entrada formal al país y facilita su retorno en caso de denegación de la protección internacional.
Ley de Extranjería
Por lo que respecta a la Ley de Extranjería, la reforma parcial impulsada pretende !adaptarla al PEMA en aquellas materias que afectan a derechos fundamentales, que son una novedad o que son incompatibles con la actual redacción de esta norma, cambios que no afectan al sistema en su conjunto!.
La reforma incorpora la figura del triaje de las personas extranjeras que cruzan las fronteras exteriores de la Unión Europea sin cumplir las condiciones de entrada y que incluye "un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado".
El anteproyecto regula la obligación impuesta por el PEMA de no autorizar la entrada al territorio español hasta que se complete el triaje. El reglamento europeo permite que este procedimiento dure hasta siete días, pero en la norma española seguirá siendo de 72 horas (prorrogables sólo por decisión judicial en casos individuales justificados) para limitar al mínimo imprescindible el tiempo durante el cual la persona extranjera debe permanecer en instalaciones policiales.
El anteproyecto recoge el procedimiento fronterizo de retorno previsto en el PEMA para agilizar el retorno de las personas extranjeras que llegan de manera irregular al país y no tienen derecho a protección internacional, retorno que debe ser ejecutado en un plazo de doce semanas "de forma tan eficaz como garantista".
