Chandiramani insiste en que la nueva financiación autonómica contemple las "singularidades" de Ceuta

La vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, ha participado este lunes en Madrid en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), presidida por el ministro de Hacienda, Arcadi España, junto con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto, una vez más, la necesidad de que las singularidades de Ceuta "sean tenidas en cuenta en el proceso de negociación del futuro modelo de financiación, una cuestión que centrará la nueva reunión de este órgano convocada por el Ministerio para el próximo 29 de julio".

En el caso de Ceuta, la Ciudad estará pendiente del desarrollo de ese proceso, teniendo en cuenta el compromiso trasladado en diciembre de 2025 por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, de que las entregas a cuenta evolucionen "en línea con el incremento porcentual que se aplique al conjunto de las comunidades autónomas".

 Chandiramani ha recordado que Ceuta no forma parte del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y que, por su condición de hacienda local recogida en el Estatuto de Autonomía, está sometida a un régimen diferenciado. Por ello, la Ciudad permanecerá atenta a la concreción de los criterios que regirán el nuevo modelo y a la aplicación de dichos compromisos trasladados por el Ministerio respecto a su financiación.

En la reunión celebrada este lunes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado la senda de estabilidad para los ejercicios 2027, 2028 y 2029, un trámite que marca el punto de partida para la elaboración y eventual aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, Chandiramani, que le ha agradecido al ministro su "disposición al diálogo", ha señalado que durante la reunión se ha vuelto a poner de manifiesto el impacto que tienen las reglas fiscales, especialmente la regla de gasto, sobre administraciones que, como la Ciudad Autónoma, registran "una evolución positiva de sus ingresos y ven limitada su capacidad de inversión y prestación de servicios".