El PSOE exige "transparencia" y ambición sostenible con la futura Zona de Bajas Emisiones
El PSOE de Ceuta solicitará formalmente al Gobierno de la Ciudad “toda la información relativa” a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un proyecto que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y que está financiado con fondos europeos Next Generation EU, “pero que el Gobierno del PP pretende implantar de forma testimonial” a pesar de que inicialmente se planteó que las limitaciones al tráfico rodado abarcarían desde San Amaro hasta Puertas del Campo.
“La creación de Zonas de Bajas Emisiones no es una opción voluntaria, es una obligación legal para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y una condición impuesta por la Unión Europea para avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible, reducir la contaminación del aire, proteger la salud pública y avanzar hacia una movilidad más limpia y sostenible”, aclara la secretaria de Política Autonómica, Raquel Miaja.
Según declaraciones del consejero responsable del pasado mes de junio, antes del verano de 2025 se presentaría la ordenanza de la ZBE para su aprobación en el Pleno de la Asamblea y aseguró que estaban a la espera de informes internos —de la Policía Local y del área de Urbanismo—, así como de un proyecto técnico y un borrador de ordenanza. “Sin embargo, estamos en octubre, y la ciudadanía sigue sin tener información alguna sobre el estado del proyecto. No se ha presentado ningún documento ni informe, ni se ha abierto el periodo de alegaciones públicas, tal y como establece el procedimiento”, lamenta Miaja.
Ya entonces, “el consejero afirmó que la implantación sería ‘testimonial’, algo que nos preocupa profundamente, pues el incumplimiento de esta exigencia legal podría tener consecuencias graves para la ciudad y para el acceso a fondos europeos futuros”, advierte la responsable socialista. "Conviene recordar", recuerdan desde el PSOE, "que en enero de 2023 la ciudad de Ceuta ya desistió de una actuación en el marco de los ‘Proyectos del Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta para peatonalización’, valorado en dos millones de euros.
“Este gobierno ya nos está poniendo en bastantes aprietos con su falta de planificación y nefasta gestión con las constantes prórrogas del Centro de Crisis o recientemente con una nueva prórroga de la nueva Escuela Infantil de Loma Colmenar y ahora la ZBE”, reprocha la responsable socialista de Política Autonómica, recordando que, además, el pasado 8 de octubre, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Movilidad Sostenible, uno de los compromisos recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y un hito acordado con la Comisión Europea para el desarrollo de los fondos NextGenerationEU. Esta ley introduce nuevas obligaciones, como la revisión de las etiquetas medioambientales que determinan qué vehículos pueden acceder a las ZBE. Zona que Ceuta ni siquiera tiene.
"Claridad"
Por eso, “queremos que el Gobierno de la Ciudad nos informe con claridad sobre las actuaciones concretas financiadas con cargo al PRTR, el diseño de la ZBE, así como el estado de ejecución de dichos trabajos y las fechas de entrega”, exige Miaja. En esta línea, también "requerimos los resultados de las mediciones de contaminación atmosférica, el borrador de la Ordenanza Municipal de la ZBE y su calendario de aprobación y si la Ciudad ha solicitado o prevé solicitar una reprogramación de actuaciones o prórroga de plazos ante el Ministerio, tal y como han hecho otras comunidades, para garantizar la correcta ejecución y justificación de los fondos”.
El PSOE de Ceuta defiende que la implantación de una ZBE bien planificada puede ser una oportunidad histórica para la ciudad al “reducir la contaminación, mejorar la movilidad peatonal y ciclista, impulsar la electrificación del transporte público y privado, promover una movilidad sostenible y un entorno urbano más saludable, accesible y seguro”.
Por ello, el PSOE reclama al Ejecutivo local que informe a la ciudadanía con total transparencia, publique los documentos técnicos y jurídicos que respaldan el proyecto y abra un proceso participativo real con vecinos, comerciantes y colectivos sociales antes de adoptar decisiones que afectarán al conjunto de Ceuta.