Un informe que también se ha remitido al Ministerio de Economía, al Director General de Política Económica, a la Delegación de Gobierno , al Presidente de la Ciudad y a la Consejera de Economía, con la premisa de que las instancias competentes conozcan de la situación actual. Según el citado informe técnico-económico las actuales condiciones regulatorias suponen un entorno de costes adicionales e incertidumbre que influyen de manera directa en el tejido empresarial de la ciudad.
Declaran que el análisis da lugar a que el coste medio por empresa pueda alcanzar en trámites aduaneros anuales más de 58.000 euros. No debido a un mayor nivel de exigencia en el control, sino en desajustes normativos y operativos que generan retrasos, duplicidades administrativas y dificultades logísticas. Una situación que lamentan, pone en desventaja al tejido empresarial local.
Además, declaran que esta acumulación de sobrecostes repercute en los precios, limita la variedad de productos y condiciona el crecimiento de sectores claves como alimentación o actividad industrial entre otros. Destacan en este aspecto las dificultades de devolución y redistribución de mercancías, con pérdidas económica evitables.
Insisten en que su objetivo no es reducir los controles, sino progresar en un modelo operativo adaptado a la singularidad del territorio. Instan a una homogeneidad de criterios y aplicar la digitalización. Todo ello para mejorar la competencia y trabajar en base a una eficiencia económica que elimine distorsiones evitables para alcanzar un entorno más equilibrado para el desarrollo del tejido empresarial local.
