La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Ceuta ha mostrado este miércoles su "preocupación" tras la aprobación del Real Decreto-ley 19/2026 por el que el Gobierno desbloquea la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones Públicas e incorpora una disposición adicional para revisar las cuantías de la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en las Illes Balears, pero no del de Ceuta, que actualmente percibe por ese concepto entre 316 y 890 euros mensuales.
"La exclusión de Ceuta del texto aprobado supone un trato desigual que no encuentra justificación, especialmente cuando el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, suscrito el 27 de noviembre de 2025 entre el Gobierno y las organizaciones sindicales, contempla expresamente la revisión al alza de los complementos de insularidad y residencia", ha advertido FSC-CCOO en un comunicado.
El sindicato ha incidido en que "la indemnización por residencia no constituye un privilegio, sino un complemento destinado a compensar las especiales circunstancias derivadas del destino. Precisamente por ello, no puede aceptarse que se actualice únicamente para un territorio mientras se mantiene congelada para los empleados y empleadas públicas destinados en Ceuta".
"Nuestra ciudad", ha añadido, "no puede quedar nuevamente relegada cuando se adoptan medidas de mejora para el personal de la Administración General del Estado: los trabajadores y trabajadoras de Ceuta prestan el mismo servicio público y merecen el mismo reconocimiento que el resto del personal del Estado".
Por ello, la FSC-CCOO de Ceuta ha solicitado formalmente una reunión urgente con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, con el objetivo de trasladarle esta preocupación y solicitar "que impulse las actuaciones necesarias ante el Gobierno de España para que la revisión de la indemnización por residencia se extienda también al personal destinado en nuestra ciudad".
CCOO también ha adelantado que continuará defendiendo "que los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva se cumplan íntegramente y que ningún empleado público de Ceuta vea mermados sus derechos o reciba un trato menos favorable que el dispensado a otros territorios del Estado".
