La Cámara de Comercio asegura que los agentes sociales y empresariales han estado demandando una rectificación a este Real Decreto al objeto de que se volviera a la situación actual, por la cual las empresas liquidaban mensualmente y de manera automático sus seguros sociales con una bonificación del 50 %. Estas bonificaciones, según la Cámara, constituyen uno de los pilares básicos de nuestro régimen económico y fiscal y suponen una de las herramientas más eficaces para la conservación de la economía y empleo y clave para la atracción de nuevas inversiones y empresas.
Sin embargo, dicen, desde la administración general del estado, no se ha llevado a cabo esta rectificación, sino que para paliarla se ha publicado un Real Decreto de ayudas directas para complementar estas bonificaciones hasta el 50 %. Para la entidad, estas ayudas no pueden constituirse la solución al problema por las siguientes consideraciones:
- Su carácter excepcional. En el RD que las regula deja muy claro que estas ayudas tienen un carácter excepcional y temporal, manteniéndose hasta que finalice la vigencia de los Planes Integrales de Desarrollo Socioeconómico de las Ciudades de Ceuta y Melilla, es decir, en 2026. Este carácter excepcional y temporal deja a las claras el espíritu del legislador, el cual no reconoce nuestro pleno derecho en el tiempo de tener unas bonificaciones al 50 % como hasta ahora. Se implanta una solución temporal de tres años para pasar posteriormente a lo planteado por el Gobierno para Ceuta, una bonificación de 262 euros por trabajador indefinido a jornada completa.
- Limita la credibilidad de nuestro Régimen Fiscal. Esta reforma pone en entredicho la estabilidad y seguridad de la que hasta ahora hemos hecho gala de nuestro Régimen Económico y Fiscal y que ha permitido la atracción y consolidación de nuevas empresas. El carácter excepcional de estas ayudas no permite la consolidación del Régimen y abre una puerta a la especulación sobre lo que ocurrirá dentro de tres años, generando desconfianza, que es lo contrario de lo que Ceuta necesita para seguir creciendo y atrayendo nuevas inversiones.
- Suponen una merma en la tesorería de las empresas. Son ayudas que se solicitan a año vencido, es decir, las empresas tendrán que abonar el 100 % de la cuota de la seguridad social durante todo el año y a partir de febrero solicitar al SEPE la subvención. Dado que el plazo de resolución es de tres meses, tendrán que esperar hasta como mínimo mayo para cobrarlas. Esto puede suponer una quiebra en las tesorerías de las empresas.
- Suponen un incremento de la burocracia y coste para las empreas. El hecho de pasar de bonificación a subvención supone que se tenga que aplicar la Ley General de Subvenciones. Esto conlleva como mínimo, una solicitud en el modelo que establezca el SEPE, una resolución por parte de la administración, una aceptación, etc. Un incremento burocrático para los departamentos de administración de las empresas y que muchos autónomos y pequeñas empresas no podrán hacer y tendrán que recurrir a expertos con el sobrecoste correspondiente.
- No contempla las ayudas para los trabajadores temporales. El régimen actual permite la bonificación de los trabajadores temporales. Tanto el nuevo régimen que entrará en vigor el 1 de septiembre como las ayudas publicadas hoy no contemplan que los trabajadores que se contraten de forma temporal tengan esta bonificación. Esto repercutirá directamente en el empleo en sectores que requieren de personal para el desarrollo de tareas ocasionales o con picos de trabajo como el comercio o la hostelería.
Por todo ello desde la Cámara siguen insistiendo en la necesidad de una reforma legal del RDL 1/2023 que permita mantener nuestro régimen de bonificaciones actuales y consolide nuestro régimen económico y fiscal, aspecto fundamental para mantener el empleo y seguir trabajando para atraer nuevas empresas e inversiones que garanticen el futuro económico de Ceuta y los ceutíes.
